Los miembros de las policía locales, la Ertzaintza y la Policía Foral que son reservistas voluntarios no se han encontrado con las trabas impuestas a los agentes de la Policía catalana, a los que han vetado su incorporación al Ejército español, según explicaron fuentes militares a EL MUNDO.

Desde el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, un portavoz explicó que «se está estudiando equiparar el rango que tienen los cuerpos policiales del Estado en esta materia con el de la Policía autonómica».No obstante, reconoció que «aún no hay una postura clara en esta materia» porque la cuestión se encuentra en fase de desarrollo.En todo caso, la intención de los Mossos es que los agentes que quieran acudir al Ejército en su calidad de reservistas voluntarios deban solicitar permiso al propio cuerpo policial, lo que hasta la fecha no está regulado aunque ya se haya aplicado en más de una ocasión, llegando a vetarse su incorporcación a misiones militares.

La polémica se inició a principios del pasado año cuando un grupo de agentes de los Mossos d'Esquadra solicitó ponerse el distintivo de reservistas en su uniforme. No sólo les fue negada esta petición, sino que se encendieron las alarmas en el Departament d'Interior, entonces comandado por la actual consellera de Justícia, Montserrat Tura. El por entonces major de la Policía catalana, Joan Unió, remitió una carta a los agentes que eran reservistas conminándolos a que se dieran de baja, a pesar de que se trata de un derecho constitucional. La justificación o excusa dada fue que había un problema de incompatibilidades.

Los policías se pusieron en contacto con la Oficina General de Reservistas, con sede en Madrid, y les dijeron que estudiarían lo sucedido. En aquellas fechas fueron «activados» dos policías para acudir a dos bases militares, pero se suspendió su incorporación debido a las presiones del Departament d'Interior. Las quejas de los agentes llegaron a tal punto que el jefe de la Oficina General de Reservistas, general de división, Bernardo Echepare Fernández, se trasladó el pasado verano a Barcelona para mantener una reunión con la consellera Montserrat Tura y el ex director general de Seguridad Ciudadana, Jordi Samsó, que también está actualmente en el Departament de Justícia. Al encuentro acudieron diversos representantes del Ejército español y miembros de la cúpula de Interior. Fuentes del Gobierno central explicaron que la consellera Tura ofreció su colaboración para solucionar esta situación y dio su compromiso para permitir a los reservistas acudir al Ejército cuando fueran requeridos.

Sin embargo, las presiones a los agentes reservistas no han cesado desde entonces y, en algunos casos, se han incrementado. En sus propias comisarías, sus superiores les han conminado primero, y amenazado con abrirles expedientes después, si no se daban de baja. Las avisos iban acompañados de una posible suspensión de empleo y sueldo, según señalaron los afectados.

Fuentes oficiales explicaron a este diario que también se celebró una reunión entre el major de los Mossos y los jefes de las Areas Policiales durante la que se trató esta problemática. Según fuentes presentes en aquel encuentro, se dieron órdenes explícitas de que se «controlara» a los agentes reservistas y que se «averiguara» cuántos formaban parte de la Reserva Voluntaria.

Por su parte, desde la Oficina General Reservista se apostó desde un primer momento por no generar polémica con este asunto y prevaleció «preservar la integridad laboral de estos agentes» antes de «generar más riesgo», según aseguraron fuentes militares.

Otro de los aspectos que han frenado a los responsables políticos del Gobierno central que tienen conocimiento de esta situación ha sido la «mismísima aprobación del Estatut de Cataluña», tal y como explicaron las mismas fuentes, que añadieron que «era un momento muy complejo y se decidió zanjar la problemática de la forma más elegante posible para no crear enfrentamientos entre ambas administraciones».

Las razones esgrimidas desde el Departament d'Interior de la Generalitat para no permitir «activar» a los reservistas es que el reglamento de la Policía catalana no lo permite y que «existen incompatibilidades» entre ser mosso d'Esquadra y reservista.

Los policías perjudicados pidieron, en al menos dos ocasiones, reunirse con el major de los Mossos d'Esquadra, Joan Unió, pero éste declinó recibirlos. Por ello, hablaron con sus mandos militares, que les han intentado tranquilizar en todo momento para tratar de salir de esta embarazosa situación. A pesar de que en el caso de un mosso se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su «activación», no llegó a llevarse a cabo por las presiones existentes desde el Departament d'Interior.

Los agentes que han sufrido estas amenazas no han subido en el escalafón de la Policía autonómica desde que se inició la polémica.No obstante, decidieron no hacer pública su situación por temor a posibles represalias. Hasta ayer.

BARCELONA.- La Ley del Sistema de Policía de Cataluña, que está en trámites de aprobación, podría acabar con esta polémica. Fuentes oficiales explicaron a este diario que se está estudiando incluir un precepto en el que se prohíba a los Mossos d'Esquadra ser reservistas voluntarios y con ello evitar que puedan participar en tareas del Ejército español.

Según las mismas fuentes, los responsables del Departament d'Interior estarían esperando poder aprobar este texto legal para atajar la polémica. Hasta ese momento, lo que se pretendía es que los agentes de la Policía catalana que son reservistas voluntarios no se hicieran eco de la situación que están sufriendo.

Por otra parte, fuentes judiciales aseguraron que la actitud de la Generalitat de Cataluña en esta materia podría ser incluso «delictiva» porque va en contra de la Constitución española «que es la madre de todas las normas».

Hasta la fecha, las presiones y amenazas que han recibido estos agentes han provocado que no haya trascendido la decisión del Departament d'Interior de no permitirles acudir al Ejército cuando han sido convocados de forma oficial.

De cara al exterior, lo que han dicho en las direcciones de sus comisarías para alegar que no podían ir convocados era que había carencia de efectivos en las respectivas dependencias policiales.Con esta excusa han podido evitar hasta el momento que fueran «activados». Y todo ello se ha llevado a cabo con la connviencia del Gobierno central, que era conocedor de esta polémica y que ha decidido no actuar.