CLAVES PARA ENTENDER EL 11M

CAPÍTULO 5: LAS FALSEDADES DE LA HISTORIA OFICIAL (II)

La liquidación de los Jesuitas: ¡Viva el Terror!

Los historiadores militantes o acólitos del iluminismo masónico, por convicción o alucinación, otorgan a Carlos III el título propagandístico de Mejor Alcalde de Madrid, título que se justifica por su incontrolada pulsión fomentadora de obras faraónicas no siempre necesarias, pero que daban enormes beneficios a los “hermanos”. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que su reinado ocultaba, tras un barniz de progresismo, una praxis política definida como ilustrada, que empobrecía al pueblo, al tiempo que crecía el despotismo y se privaba a la nación de buena parte de sus señas de identidad.

Uno de los “logros” que tradicionalmente se le reconocen al despótico e ilustrado monarca fue la expulsión de los Jesuitas de España, por Decreto fechado el 27 de febrero de 1767. Esta expulsión tenía su precedente en Portugal, donde el masón Pombal acusó a toda la orden de regicidio. Tan anticlerical sujeto no tuvo además ningún escrúpulo a la hora de utilizar al tribunal inquisitorial, a cuyo frente había situado a su propio hermano, para ajusticiar brutalmente al anciano Provincial jesuita luso y a varios miembros de la orden, mientras encerraba en las mazmorras a otros doscientos, de los cuales fallecerían ochenta y uno en las mismas.

En Francia también se expulsó a los Jesuitas dos años después de la mano del masón Choiseul, usando similares acusaciones, igual de falsas. Los masones franceses contaron para convencer al degenerado Rey con la inestimable colaboración de su influyente y libidinosa concubina, la marquesa de Pompadour. La que respondía a ese nombre, que hoy a muchos seguro que sólo les suena a infusión para paliar los males digestivos, actuó de aquella vomitiva forma movida por el resentimiento. El padre jesuita Desmarets se había negado a dar la absolución a Luis XV, si no cesaba en sus adúlteras, públicas y notorias relaciones con la noble zorra.

Las imputaciones contra los ignacianos nunca se demostraron ni en Portugal, ni en Francia, ni -como luego veremos- en España. El camino a seguir por los masones para liquidar a la Compañía bien lo había señalado mucho tiempo atrás Calvino: “A los jesuitas se los debe matar u oprimir con calumnias”.

En Portugal, veintidós años después de la “masonada” antijesuítica, el 7 de abril de 1781, un tribunal determinaba: “Que todas las personas, tanto vivas como muertas, que en virtud de la sentencia del 12 de enero de 1759 habían sido ejecutadas, desterradas o encarceladas eran inocentes del crimen que se les imputara”. Pero el mal ya no se podía reparar.

Por su parte, en Francia, el intento de regicidio perpetrado por un tal Damiens en 1757, se quiso imputar a los Jesuitas. Lo cierto es que el criminal militaba en las filas jansenistas, como el propio Voltaire delató en un gesto honroso por una vez, cuando escribió a un “hermano” que le pedía su apoyo para criminalizar a los ignacianos: “Ya debes de haber conocido que no guardo consideraciones a los Jesuitas. Pues bien: si ahora tratase de acusarlos del crimen (se refiere al intento de regicidio), únicamente lograría sublevar la posteridad en favor suyo y yo no sería más que un eco vil de los jansenistas”. Pero esa mentira, que diputados masones y otros “intelectuales” ilustrados no dejaron de vocear y expandir, fue uno de los argumentos que justificaron la expulsión de los Jesuitas de Francia cinco años después, el 6 de agosto de 1762.

Los Jesuitas fueron expulsados de España por “motivos reservados al real ánimo”, en un solo día y sin aviso previo, mientras sus bienes confiscados servían para enriquecer a los fieles del nuevo orden. El cínico Rey español, pocos años antes y mientras aún vivía su madre, había condenado expresamente la actuación de Portugal contra la Compañía de Jesús mediante Real Decreto de 19 de febrero de 1761. ¿A qué se debió su iluminado cambio de actitud? Se dijo por aquel entonces que los “motivos reservados” a los que se refería Carlos III eran fruto del despecho contra los Jesuitas a los que desde las “tertulias” se atribuía el bulo de que SM era hijo adulterino. Para fundamentar la acusación, se llegó a falsificar una carta supuestamente interceptada, que se atribuyó al General Jesuita Ricci, residente en Roma, mandada desde allí al Provincial de Madrid.

Se envió esa carta para que una Comisión Vaticana hiciera un dictamen de la misma, que el Rey español se comprometió a aceptar. Examinada ésta por la Comisión, en la que estaba el que más tarde sería Papa Pío VI, se pudo determinar que el papel era de fabricación española y que la misiva había sido fechada dos años antes de la existencia material del propio papel. Mas Carlos III no hizo caso alguno de dicho dictamen. En 1776, cuando el daño no tenía remedio pero sus funestas consecuencias aún podían paliarse, el masón duque de Alba, arrepentido en la hora de su muerte, reconoció su participación en la falsificación, mediante escrito de confesión enviado al inquisidor general Felipe Beltrán. En él además declaraba que había informado previamente de ésta y otras actuaciones abominables al mismísimo Rey, quien hizo caso omiso.

Más allá de la confesión del de Alba y de la ocultación real, a nadie se acusó de la falsificación, pero lo que está claro es que los propios masones han venido reconociendo su activa y determinante participación en la expulsión de los Jesuitas. El Grande Maestre Morayta, en la obra ya señalada en capítulos anteriores, escribe: “Que en ella (se refiere a la Pragmática para la expulsión de los Jesuitas) influyó la Masonería, es indudable, pues en la Orden tuvo siempre carácter de dogma la oposición al jesuitismo. Sólo la Masonería pudo obrar la maravilla de que los Jesuitas (...) desconocieran el mandato real, hasta el instante en que, sin darles tiempo ni aun para recoger sus papeles, se les hizo montar en calesas y coches de colleras, para conducirlos a Italia, desde sus conventos, sin darles descanso”. No es de extrañar que un documento masónico de 1823 definiera a Aranda y a Roda como “héroes contra la superstición”.

El 21 de febrero de 1804, el Supremo Consejo de Charleston, principal institución jerárquica de la Masonería mundial por aquel entonces, enviaba un Decreto a su máximo delegado en España, el conde de Grasse-Tilly, firmado por Esteban Morin, Soberano Gran Comendador. De este relevante Decreto ya hablaremos con mayor detenimiento en próximos capítulos, pero no podemos por menos que recoger ahora lo que se dice del asunto que nos ocupa: “Dignos son de loa los trabajos realizados por el Ilustre y Poderoso Hermano Aranda (...), merecedores de aplauso el celo y la solicitud con que mancomunadamente con los poderes de la Orden en otras naciones llevó a cabo la obra de destruir la más formidable organización inventada por los poderes teocráticos”. Queda bien a las claras que la jerarquía iluminista ya no entendía de fronteras y la liquidación de los Jesuitas era su primera gran actuación multinacional.

Volvamos al trágico momento de la expulsión de España de los Jesuitas. El Padre Isla, envió un Memorial al Rey, denunciando las mentiras contadas sobre ellos, los malos tratos sufridos y lo injusto de la situación: “Han podido conseguir que en su destierro como en su expatriación, en el total despojo de su honor y de sus casas, se hayan desatendido todas las leyes que prescriben el derecho natural, el divino y el humano, practicadas siempre inviolablemente aún con el hombre más vil y más facineroso del mundo. Sin hacerles causa, sin darles traslado de la más mínima acusación, sin hacerles cargo en particular del más ligero delito, y, por consiguiente, sin oírlos; se los destierra, se confiscan todos sus bienes, se desacredita su conducta, y su doctrina se supone sospechosa (...) y, en fin, se los confina a todos en dos estrechos presidios de la isla más belicosa, más inquieta, más asolada y más pobre que se reconoce en todos los mares de Italia, expuestos a todos los trabajos, miserias y desdichas que trae consigo el furor de la guerra”.

El Papa Clemente XIII intentó sin éxito revertir semejante injusticia despótica y mandó una carta a Carlos III en la que le decía que su Ministro de Gracia y Justicia, Roda, era masón y perseguidor enconado de la fe católica, lo que fundamentaba en una carta dirigida por el propio Roda a su “hermano” Choiseul, fechada el 17 de diciembre de 1767. El español había escrito lo siguiente: “Hemos matado al hijo; ya no nos queda más que hacer otro tanto con la Madre, nuestra Santa Iglesia Romana". Y hasta la Santa Iglesia Romana, para librarse del mortal designio masónico, se dejó finalmente llevar por las presiones de los déspotas ilustrados: en 1773, el nuevo Papa Clemente XIV disolvió la Orden. Con ello permitía la incautación, es decir, la rapiña de los bienes y posesiones de la Compañía a favor de los estados, es decir, de los masones.

Hasta su muerte, Clemente XIII se había resistido de forma casi heroica a la ofensiva de los monarcas borbones, que se aliaron para invadir las provincias pontificias de Aviñón, Benevento y Pontecorvo. Llegaron incluso a amenazar con un cisma, consistente en la creación de patriarcados independientes en cada nación, siguiendo el modelo anglicano. El buen Papa murió poco después de sufrir la brutal coacción sin claudicar, pero atormentado a sabiendas de que las fuerzas eran desiguales y la batalla seguramente estaba perdida.

El nuevo Papa Clemente XIV sólo heredó de su antecesor el nombre. Desde un primer momento se mostró como un pontífice politiquero y sin la virtud del que le precedió. Ya antes de ser elegido pactó la disolución de los Jesuitas con los monarcas borbones y engañó a la mayoría del cónclave asegurando lo contrario. Finalmente, promulgó el Breve Dominus ac redemtor noster. Por el mismo, no se condenaba ni la doctrina ni el sistema ni las costumbres de los Jesuitas, pero se suprimía la Compañía de Jesús, fundamentando la resolución en el deseo de Paz. Tal era la influencia de los masones en el propio Vaticano, que dicho Breve fue redactado por Moñino, el enviado de Carlos III, que con ello ganaba méritos bastantes para ser ennoblecido con el condado de Floridablanca tres meses después.

Al firmarlo, el Papa declaró: “Esta supresión me acarreará la muerte”. El mundo católico ajeno a los monarcas borbones consideró que la rúbrica papal había sido arrancada mediante coacción y que no tenía virtualidad. Sin embargo, la ejecución de la extinción de la Compañía se llevó a cabo y en la propia Roma el General Jesuita Ricci, sus asistentes, el secretario de la Orden y otros muchos religiosos fueron conducidos presos al castillo de Sant Angelo. Los archivos de la Compañía y los documentos de la Orden fueron asaltados y confiscados en todas las naciones. No se encontró en ningún documento el más mínimo vestigio de las supuestas conspiraciones de las que se acusaba a los hijos de San Ignacio.

A partir de aquel funesto momento, Clemente XIV enloqueció. Se paseaba por los salones clamando: “¡Perdón! ¡Perdón! ¡Lo hice compelido! ¡Lo hice compelido!”. En sus postreros momentos de lucidez mostraba su desesperación: “¡Dios mío, estoy condenado! ¡El infierno es mi morada!”. Una vez fallecido, desde el Quirinal se trasladó su cuerpo a la Capilla Sixtina y, a pesar de estar embalsamado, cayó en tal corrupción que hubo necesidad de embalsamarle nuevamente y de reducirle casi a esqueleto. Ni aun así pudo estar de cuerpo presente los tres días de costumbre, pues aumentó la corrupción aquella noche y se hizo preciso cerrar el ataúd y hasta usar de pez, siendo inaguantable el hedor que transpiraba por las junturas. Dios le haya perdonado.

La Iglesia, con estos trágicos sucesos promovidos e instigados por los jerarcas iluministas y rubricados finalmente por un Papa chantajeado, se alejaba entonces y por mucho tiempo, para su desgracia, de las ideas políticas y sociales más avanzadas, que emanaban de la más pura lectura evangélica. Eliminaba de un plumazo a quienes mejor interpretaban las mismas: los clérigos españoles, con los Jesuitas a la cabeza, defensores del humanista concepto del libre albedrío tomista, como base de la moral cristiana. La doctrina oficial de la Iglesia derivaba desde entonces hacia las teorías jansenistas, tan cercanas a las de los ilustrados masones, que vinculan la libertad del hombre al concepto de gracia divina de San Agustín, alejando la praxis moral cristiana del humanismo. Se dejaba el poder ideológico-cultural, en su más amplio sentido, en manos de la dictadura iluminista masónica, que desde entonces no ha dejado de hacer uso y abuso del mismo, mintiendo, manipulando y tergiversando a su antojo, incluso introduciéndose en la propia Iglesia, haciendo uso muchas veces de una refundada e infiltrada Orden Jesuita, que ya nunca volvió a ser como antes.

A partir de entonces, enterradas en las bibliotecas las ideas de aquellos religiosos promulgadores de la libertad como valor natural e inalienable que reside en el individuo, el camino estaba libre para que la perversa o estúpida retroprogresía, hermanada o alucinada, pudiera adjudicar todo lo positivo en la historia al eslogan masónico: “Libertad, igualdad, fraternidad”. En realidad, el minimalista principio no es más que una incongruencia antinómica, pues si existe libertad, su ejercicio interfiere la igualdad y si se impone la igualdad, siempre será a costa de limitar la libertad. Se entierra con él además el concepto cristiano de Amor, sustituido por la sectaria fraternidad masónica. Así pues, esta demagógica propuesta sin enjundia alguna no es más que una forma de encubrir precisamente lo contrario: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Lo que en realidad buscaba ese ideal masónico de la Revolución francesa, hija de las posturas enciclopedistas e ilustradas, no era más que la destrucción de todo lo pasado y lo que pudiera deparar de forma natural el futuro. El fin último era imponer un orden pagano nuevo, con un dios simbólico regidor, el Arquitecto del Universo, una diosa operativa mutable según conveniencia, la Razón, y unos despóticos sacerdotes intérpretes de esta religión en la tierra, los Jerarcas Iluministas. Ellos eran y son los únicos auténticamente libres para imponer su voluntad a discreción, pues se tienen por más iguales que el resto de los mortales. Sólo están obligados a mostrarse fraternales con los hermanos de logia de grado inferior, siempre que se sometan a su despotismo, mostrándose en realidad como tiránicos padrastros para los sumisos o alucinados.

Liquidados los mayores defensores de la libertad, nada se oponía ya al “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, que podía campar por sus respetos hasta ser el trampolín justificativo perfecto para el “¡Viva la Revolución!”, por muy criminal que ésta sea. “Hay que aniquilar la Vendée porque se ha atrevido a dudar de las ventajas de la libertad”, decían los representantes revolucionarios franceses enviados por el general Haxo. Sea como sea, cueste lo que cueste. Tras el fatídico 23 de diciembre de 1793, el genocida Westermann afirmó impasible y orgulloso ante la “democrática” Convención francesa que le aplaudía: “Ya no hay Vendée, ha muerto bajo nuestro sable libre. He aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos, masacrado a las mujeres que no parirán a más bandidos. No tengo que reprocharme ningún prisionero. He exterminado a todos”.

Mientras, en Nantes, Carrier, el gran defensor de la libertad y la igualdad, ahogaba en el Loira a 100.000 inocentes, “liberándolos” sin duda de la vida e “igualándolos” con la muerte, como no cabe de otra forma, con independencia de su condición social, pues de todo había entre tantos. El fin buscado con estos “matrimonios republicanos”, así cuenta Chateaubriand que los revolucionarios llamaban a estos asesinatos genocidas, era convertir en palabras del propio Carrier: “Francia en un cementerio si no podemos regenerarla a nuestro modo”. Sea como sea, cueste lo que cueste.

Como quiera que muchos creían tener también derechos y estaban dispuestos a ejercer su libertad para no ser regenerados, en palabras una vez más de Chateaubriand: “Los convencionales mandaban cortar el cuello a sus vecinos con una extrema sensibilidad, para la mayor felicidad de la especie humana”. La clave de todo esto la definió finalmente Robespierre: “El gobierno de la Revolución es el despotismo de la libertad en contra de la tiranía”. Sea como sea, cueste lo que cueste.

Los masones de ambos lados del Atlántico aunaban sus esfuerzos para implantar su libertad racista, su igualdad esclavista y su fraternidad explotadora. No querían ni podían tolerar que los Jesuitas educaran a los hijos del pueblo europeos en su camino desde la libertad esencial hacia la existencial y todavía menos a los indígenas de América, en donde sus modélicas reducciones crecían día a día de forma imparable, mostrando al mundo y a la historia la superioridad ética, social y hasta económica del humanismo cristiano, frente a la ilustración, el laicismo y sus posteriores derivaciones. Nada tiene de extraño que los indígenas pidieran asilo masivamente en las reducciones por voluntad propia, si nos atenemos al testimonio que casi doscientos años atrás, en 1572, escribió el comerciante inglés Henry Hawks, por cierto protestante, a su vuelta a Londres tras cinco años en el Nuevo Mundo: “Los indios reverencian mucho a los religiosos, pues gracias a ellos y a su influencia se ven libres de la esclavitud”.

Pero las despóticas ideas llamadas ilustradas para no hacerlo por su nombre, masónicas, nacidas en Inglaterra y crecidas en las hermandades francesas, se iban imponiendo en toda Europa a marchas forzadas y, casi siempre, en contra de la voluntad del pueblo. Unas ideas divulgadas por burgueses enriquecidos mediante el comercio de esclavos, como Voltaire o Diderot, que edulcoraban el fin último de la jerarquía iluminista, su ansia de poder infinito, e inspiraban a sus remedos españoles, el volteriano Conde de Aranda de director de orquesta y el Rey entretenido cazando, como ahora a su descendiente gusta, incluso especies protegidas.

Ajenos a traiciones y repartos de poder en Europa, los Jesuitas de las Américas venían construyendo un nuevo orden social emanado de las ideas morales y políticas que formularan en el siglo XVI y XVII los intelectuales de la Escuela de Salamanca, con el dominico Francisco de Vitoria y el jesuita Juan de Mariana a la cabeza. Respetaban la organización familiar de los indígenas, hasta el punto de que los matrimonios primero se celebraban bajo su ceremonia tradicional, posteriormente bajo la católica.

Con ello, los Jesuitas cumplían fielmente la bula Sublimis Deu promovida por el Papa Pablo III, que ya en 1537 decía: “Los indios son verdaderos hombres, capaces de recibir la fe cristiana por medio del ejemplo de una vida virtuosa. No deben ser privados ni de su libertad, ni del disfrute de sus bienes”. En contra de lo que muchos historiadores han intentado contar, el respeto hacia las creencias y costumbres de los indios era una obligación moral de carácter doctrinal para la Iglesia, salvo aquellas contrarias a los más elementales principios naturales, como los sacrificios humanos y la antropofagia, o a los valores morales, como la poligamia. Ya en el primer concilio de América, celebrado en Lima (1552), se decía: “Ordenamos que nadie bautice a ningún indio de más de ocho años sin asegurarse de que lo desea voluntariamente; ni que se bautice a ningún indio antes de la edad de juicio en contra de la voluntad de los padres”.

En las reducciones jesuitas, tras el matrimonio se dotaba a los cónyuges indígenas de casa y tierra. La institución de gobierno era el Cabildo con sus alcaldes mayores, oidores, etc. Este Consejo se elegía por votación. En lo que se refiere a la distribución de la tierra, ésta se dividía en tierra de Dios, comunal del pueblo y parcelas individuales de los indígenas. La tierra de Dios era trabajada en turnos mano a mano por todos los indios y los propios jesuitas. Los beneficios se dedicaban a la construcción y al mantenimiento del templo, el hospital y la escuela. Los de la propiedad comunal se destinaban a pagar los impuestos a la Real Hacienda y los excedentes servían para fomentar la propia economía. Las parcelas individuales proporcionaban a los indios su sustento familiar y, si conseguían excedentes, éstos pasaban al silo común para ser consumidos en momentos de necesidad o vendidos en situaciones de bonanza.

Los Jesuitas propusieron un horario de trabajo de tan sólo seis horas diarias, mientras en las encomiendas de los ilustrados eran doce pese a las Leyes de Indias. No obstante, los rendimientos eran mucho más elevados en las reducciones que en las encomiendas. Se recogían hasta cuatro cosechas de maíz, cultivaban algodón, caña de azúcar, hierba mate. También desarrollaron la ganadería y la realización de trabajos artesanales. Todos estos factores favorables impulsaron el comercio de las reducciones a través de las grandes vías fluviales. Con su gran desarrollo, las reducciones se transformaron en fuertes competidoras de las ciudades cercanas. En éstas, comenzó el malestar de algunos criollos adinerados y no tardó en aparecer la ofensiva masónica de los terratenientes y esclavistas en clave de leyenda negra, que denunciaba de forma falsaria las grandes riquezas atesoradas en las misiones; algo que la realidad negaba y la mayoría del pueblo nunca creyó.

Con el pacto masónico iluminista que dio pie a la expulsión de los Jesuitas, además de liquidar para siempre ese nuevo orden social más justo que promovían y practicaban los seguidores de San Ignacio, se beneficiaba a las potencias extranjeras, tanto Francia como Inglaterra. La maniobra era formidable para contribuir a la decadencia española, pues uno de los lazos de unión entre la España europea y la de ultramar era el lazo religioso-educador de los misioneros, cuyo fin último era propiciar que los indios llegaran a ser españoles de pleno derecho. Muchos de aquellos misioneros, posiblemente los de mayor valor, eran jesuitas y su trabajo en beneficio de los indios puede considerarse como épico. Se enfrentaron sistemáticamente a los abusos de las ilustradas minorías criollas y a los intereses de las compañías esclavistas francesas e inglesas , que desde la imposición de la dinastía borbónica en el trono español asentaron sus miserables negocios en la España americana. Para desgracia de los indios y de los españoles de bien, el encomiable esfuerzo de aquellos honestos, humildes y valientes religiosos a la postre fue inútil debido a la criminal determinación despótico-masónica.

La mayoría de los historiadores pasan casi por alto estos hechos y sus consecuencias. Tan sólo suele aparecer el dato de la expulsión, fríamente recogido en los manuales, pero sin profundizar en las pleitesías e intereses ajenos a España que impulsaron la firma del Rey Carlos III, necesaria para la ejecución de esa aberrante medida. Esos sesudos intelectuales todavía han estudiado y explicado menos las trágicas consecuencias que sufrieron los miembros de aquella heroica orden religiosa. Con todo, lo más doloso es que desde sus cátedras y publicaciones ni mencionan el destino de explotación, que las ideas y la mano de tan ilustrados masones impondría a los indígenas y el incremento brutal del comercio de esclavos.

Si cabe, más chocante resulta todavía que no se explique la influencia directa que el hecho tuvo para la acelerada pérdida del Imperio español de ultramar y, con ello, el decadente destino al que se condenaba a España, al tiempo que se sentaban las bases para el caciquil futuro de los pueblos americanos. Esta desmemoriada actitud de historiadores e intelectuales en general es una enfermedad contagiosa cuando se trata de profundizar en las antipatrióticas maniobras de la Masonería en España y hasta los mejor intencionados siempre han intentado disculpar a unos monarcas borbones, que nada bueno trajeron aquí y todo lo malo propiciaron al otro lado del océano.

Hoy como ayer, no parecen libres de responsabilidad del Rey abajo ninguno. Ni los déspotas masones de nuestra historia, ni los capitostes de la partitocracia de hoy, actores o cómplices de las maniobras que vivimos tras el punto de ataque del 11-M, como sus antepasados en la luz lo fueron de la trama antijesuita y sus criminales consecuencias, siempre ocultando y falsificando pruebas a su antojo. Nada parece poder desterrar definitivamente el proyecto masónico iluminista de destrucción de España sea como sea, “cueste lo que cueste”, mediando ciudadanos muertos el 11-M, indios explotados, negros esclavizados, familiares de las víctimas o jesuitas humillados, siempre amparándose en coartadas tramposas para atacar los valores y principios que un día hicieron grande a España. Y desde entonces, cada vez que se ha vislumbrado un atisbo de engrandecerla ha sido masacrado por la jerarquía iluminista.

Una última reflexión me cabe. A la jerarquía iluminista de hoy, si se ha parado a analizar, que seguro que lo ha hecho pues sus planes siempre han sido a largo plazo, la actuación de aquellos sus antepasados ideológicos: ¿No le parecerán “poca cosa” los asesinatos terroristas de ETA y del 11-M al lado de los 300.000 muertos de la Francia revolucionaria, primeras víctimas del terror masónico de la “libertad, igualdad, fraternidad”? En sus obscenos planes el pueblo sólo vale para aportar los muertos, entonces y ahora, mientras la silenciosa conspiración masónica sigue hacia delante, aprovechándose de lo que un día denunció Goethe: “¿Qué es lo más difícil de todo? Lo que parece más sencillo: ver con nuestros ojos lo que hay delante de ellos”.

Paz Digital, 28-05-2006

Claves para entender el 11-M. Por Doutdes (Serie, publicándose)

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