A partir del teléfono móvil encontrado en la mochila de Vallecas, se puso en marcha el mismo día 11 de marzo la investigación policial para tratar de aclarar el atentado. Resumiendo lo que la versión oficial nos cuenta, la Policía siguió por un lado la ruta de comercialización del propio teléfono móvil y por otro la ruta de comercialización de la tarjeta SIM de ese móvil (la tarjeta con el número telefónico). Con ello, averiguó que el teléfono había sido vendido en un bazar regentado por dos indios y que la tarjeta SIM había sido vendida en un locutorio de Lavapiés regentado por tres marroquíes. Esas cinco personas fueron detenidas en plena jornada de reflexión, lo que causó un enorme impacto sobre una opinión pública cada vez más desconcertada después de los atentados. Cuatro de esos detenidos fueron puestos en libertad por el juez pocas semanas después de las elecciones, y las dudas sobre la posible culpabilidad del quinto son cada vez más clamorosas, pero el impacto sobre la opinión pública era ya imposible de revertir.
Son muchos los puntos oscuros que rodean a esa investigación policial que condujo a las detenciones del 13 de marzo, pero no es momento ni lugar de ponerse a analizarlos. Tiempo habrá de ello. En este artículo, vamos a dar por buena esa versión policial y, partiendo de ahí, vamos a ver que, en realidad, las cosas simplemente no cuadran. También hablaremos de algunos otros datos relevantes que se le ocultaron a la opinión pública y analizaremos, a la luz de este año y medio de investigaciones, las detenciones del 13 de marzo.
La investigación policial
Como vamos a ver, la versión oficial no cuadra por ninguna parte. Pido perdón al lector por lo prolijo de las explicaciones que siguen, pero son necesarias para comprender cómo se realizó la investigación policial y los resultados a que condujo.
Lo primero que hay que entender es que en la mochila de Vallecas había un teléfono marca TRIUM y que dentro de ese teléfono había una tarjeta SIM de Amena (con un cierto número telefónico). El teléfono y la tarjeta SIM son dos cosas distintas, pudiéndose por ejemplo usar un mismo teléfono con distintas tarjetas SIM de diferentes compañías. Si se cambia la tarjeta SIM a un teléfono, cambiará el número telefónico.
Lo primero que hizo la Policía fue analizar a través de quién se habían vendido ese teléfono TRIUM y esa tarjeta de Amena. El teléfono y la tarjeta habían seguido rutas de comercialización totalmente distintas.
La ruta de las tarjetas
La versión policial, reflejada por el juez Del Olmo en sus autos, afirma que las tarjetas telefónicas de los móviles empleados en las mochilas-bomba provienen de un lote de 30 tarjetas Amena que la empresa Uritel vendió a una tienda denominada Sindhu Enterprise, la cual las vendió a su vez al locutorio de Lavapiés perteneciente a Jamal Zougham. De esas 30 tarjetas, 15 llegaron a activarse (es decir, hicieron una primera llamada y ya podían funcionar normalmente a partir de ahí), mientras que otras 15 no llegaron nunca a realizar una llamada.

De las quince tarjetas que sí llegaron a hacer una primera llamada:
- 1 se la quedó Jamal Zougham (el dueño del locutorio de Lavapiés) para su propio teléfono móvil, que llevaba encima cuando la Policía le detuvo el 13 de marzo
- 1 estaba sin vender y fue encontrada en el locutorio de Jamal Zougham
- 1 fue utilizada para hacer llamadas entre el 8 y el 10 de marzo por personas vinculadas a la trama del 11-M.
- Las restantes 12 debieron de ser vendidas a otras personas, aunque los informes policiales no especifican a quién fueron vendidas ni cuándo se realizaron llamadas desde ellas. Dada la carencia de datos, hemos de suponer que la Policía comprobó cuáles llamadas se hicieron desde esas tarjetas y que esas llamadas no tienen nada que ver con los atentados.
De las otras 15 tarjetas, que no llegaron nunca a activarse:
- 3 estaban todavía sin vender y fueron encontradas en el locutorio de Jamal Zougham.
- 1 es la encontrada en la mochila de Vallecas. Esta tarjeta se encendió por primera y única vez el día 10 de marzo (sin llegar a realizar ninguna llamada) en la zona de cobertura de un repetidor situado en Morata de Tajuña.
- 6 tarjetas más se encendieron también por primera y única vez el 10 de marzo (sin llegar a realizar ninguna llamada) en la zona de cobertura del mismo repetidor. La Policía concluye que estas 6 tarjetas y la de la mochila de Vallecas (es decir, un total de 7 tarjetas) fueron utilizadas en las mochilas bomba.
- De las 5 restantes no se sabe nada. Los informes policiales concluyen que "es posible" que esas 5 tarjetas fueran encendidas también en Morata, pero que la compañía telefónica hubiera ya borrado los datos.
Lo primero que llama la atención es que Jamal Zougham se quedara una de las tarjetas del lote de 30 para su propio teléfono y luego esperara tranquilamente a que la Policía fuera a detenerle el 13 de marzo y le encontrara el teléfono encima. Si hubiera vendido las tarjetas sabiendo que eran para un atentado, ¿habría hecho algo tan estúpido?
Pero también llama la atención otra cosa: los números en las explicaciones policiales no cuadran. El día 11 de marzo había 12 mochilas en los trenes más la mochila de Vallecas, lo que da un total de 13 mochilas. Sólo se ha podido documentar que en Morata se encendieron 7 tarjetas telefónicas. ¿Qué pasa con las otras seis mochilas? Incluso si sumamos las 5 tarjetas de las que no se sabe nada y que la Policía "supone" que también se encendieron en Morata, seguimos teniendo 12 tarjetas, no 13. ¿Dónde está la tarjeta que falta?
La ruta del teléfono
Pero es que si tiramos del otro hilo, el del teléfono hallado en la mochila de Vallecas, resulta que las cosas no cuadran tampoco. Ese teléfono de la mochila pertenecía a un lote de 80 teléfonos TRIUM T-110 que una empresa llamada Telefonía San Diego vendió en octubre de 2003 a Bazar Top (la tienda de los dos indios detenidos el 13 de marzo). Bazar Top llevó 12 de esos teléfonos a liberar a Test Ayman, una tienda propiedad del policía Maussili Kalaji, y entre esos 12 teléfonos liberados estaba el de la mochila de Vallecas. Bien, veamos a quién se vendieron.

Según la declaración del dependiente de Bazar Top, el día 3 de marzo vendió 3 teléfonos SIN LIBERAR a dos personas que hablaron con él en correcto español, pero que entre sí hablaban en un idioma extraño. Él les preguntó en qué hablaban y ellos le contestaron que en búlgaro. ¿Hablaban realmente en ese idioma? No lo sabemos. Desde luego, no hablaban en árabe, porque de la misma forma que nosotros podemos reconocer que alguien está hablando en francés, en inglés o en italiano aunque no entendamos esos idiomas, para un indio resulta natural reconocer si alguien está hablando en árabe. ¿En qué hablaban entonces? En la Comisión de investigación del 11-M, Jaime Ignacio del Burgo dijo algo de simple sentido común: con los datos que tenemos, esas personas podían estar hablando entre sí en búlgaro, en finlandés o en cualquier otro idioma, como por ejemplo el vasco. Por supuesto, estas palabras de Del Burgo suscitaron las inmediatas risotadas del representante del PNV.
Ante la carencia de datos, vamos a suponer que eran búlgaros. El día 4 de marzo, el dependiente indio vendió a esos mismos "búlgaros" 6 teléfonos LIBERADOS y el día 8 de marzo les volvió a vender otro teléfono liberado más. Así pues, el total de teléfonos que el indio vendió a esos "búlgaros" es de 10 (7 liberados y 3 sin liberar). Está demostrado en el sumario que los 7 teléfonos liberados fueron utilizados con las 7 tarjetas SIM que se encendieron bajo el repetidor de Morata de Tajuña.
Números que no cuadran
A partir de aquí empiezan las preguntas: si los teléfonos móviles fueron vendidos a unos "búlgaros", ¿cómo llegan a manos de los mercenarios marroquíes? ¿Qué pintan esos "búlgaros" en toda esta historia? ¿Para qué querían esos "búlgaros" los otros tres teléfonos sin liberar? ¿Se ha podido seguir el rastro de esos tres teléfonos? Independientemente de esto, ¿puede alguien explicarnos cómo cuadran los números? Porque lo que vemos es que:
- tenemos 13 mochilas, pero en la tienda del policía Maussili Kalaji se liberan 12 teléfonos
- tenemos 13 mochilas, pero Bazar Top sólo vende 10 teléfonos a los búlgaros (3 de ellos sin liberar)
- tenemos 13 mochilas, pero en Morata de Tajuña (como hemos visto antes) sólo se activan 7 tarjetas (o como máximo 12, si aceptamos las "suposiciones" policiales).
Resumiendo, el panorama que nos encontramos es que, después de diecisiete meses de investigaciones, lo único que cuadra son los siete teléfonos liberados comprados por unos "búlgaros" con las siete tarjetas que se activaron en Morata. Dicho en otras palabras: aún asumiendo como ciertas las explicaciones de la Policía, la versión oficial no es capaz de explicar qué teléfonos o tarjetas se usaron en 6 de las 13 mochilas-bomba del 11-M.
A la luz de estos datos, ¿le parece al lector que Rodríguez Zapatero se ajustaba a la verdad cuando afirmó ante la Comisión 11-M que todo estaba claro? No sólo no sabemos qué explosivos se usaron en los trenes, sino que tampoco está claro qué teléfonos se emplearon.
¿Fueron uno o dos comandos?
En realidad, la situación es todavía más confusa. Algún lector puede estarse preguntando: ¿tenemos constancia de que esas 7 tarjetas y teléfonos se usaran en los trenes de la muerte? Si se analiza el sumario, son cuatro los hechos que relacionan con los atentados a ese lote de 7 tarjetas y teléfonos:
- Una de esas tarjetas y uno de esos teléfonos estaban en la mochila de Vallecas.
- Las siete tarjetas se encendieron bajo el repetidor de Morata el día 10 de marzo.
- En el registro de la finca de Morata se encontró la caja vacía de una de las siete tarjetas y en esa caja apareció una huella dactilar del jefe de la trama mercenaria: Jamal Ahmidan, El Chino.
- Las siete tarjetas pertenecen a un lote de 30 al cual pertenecía también otra tarjeta que fue utilizada por los mercenarios del 11-M para efectuar llamadas telefónicas entre el 8 y el 10 de marzo.

El único de estos cuatro indicios que podría constituir una "prueba" directa de que esas tarjetas y teléfonos se usaron en las mochilas-bomba de los trenes es... la mochila de Vallecas, pero ya vimos en el capítulo anterior que existen serias dudas sobre esa peculiar mochila. Por tanto, es verdad que no sabemos a ciencia cierta si se emplearon en los atentados esas tarjetas y teléfonos. Pero, de todos modos, parece razonable suponer que fue así, dados los otros tres indicios que conectan a esas tarjetas con la trama mercenaria del 11-M.
Pero entonces, ¿qué tarjetas y teléfonos se usaron en las otras seis mochilas que faltan hasta completar las 13? ¿Es posible que en el 11-M hubieran participado dos "comandos" distintos, cada uno de los cuales se hubiera encargado de preparar una parte de las mochilas?
Con respecto a estas preguntas, hay un detalle del sumario que llama poderosamente la atención y al que nadie parece haber dado importancia. En uno de sus primeros informes, fechado el 12 de marzo, en plena confusión posterior a los atentados, el jefe de los Tedax hace una afirmación que tiene una enorme relevancia. Como ya sabe el lector, en los trenes estallaron 10 bombas, mientras que los Tedax hicieron detonar otras 2 en las propias estaciones: una en El Pozo y otra en Atocha. Pues bien, en ese informe de Sánchez Manzano se afirma directamente que la bomba que los Tedax hicieron detonar en Atocha no contenía un teléfono móvil.
¿Se trata de una confusión de Sánchez Manzano? Porque si no es una confusión, el escenario que tendríamos es: 6 bombas en los trenes que utilizaban teléfonos móviles y otras 6 que posiblemente usaban otra cosa (¿un temporizador, quizá?). Esto abonaría la tesis de los dos comandos, pero además nos lleva a una pregunta que ha estado desde el principio rondando la cabeza de quienes han investigado el 11-M: ¿por qué se emplearon teléfonos móviles para activar los detonadores de al menos una parte de las bombas, cuando se podían haber utilizado temporizadores, que son mucho más seguros y no dejan rastro? ¿Quién tenía interés en que acabáramos localizando a través de los móviles al comando de Morata, cuyos miembros se terminan suicidando en Leganés?
Las detenciones de los hindúes
Éste es el confuso panorama en el que nos movemos después de 17 meses de investigaciones. Obviamente, el día 13 de marzo de 2004 las informaciones de las que se disponía eran mucho más fragmentarias y confusas, a pesar de lo cual se procede a efectuar cinco detenciones. Y analizando esas detenciones a fecha de hoy, resultan absolutamente inconcebibles.

Veamos primero las detenciones relacionadas con los teléfonos. ¿A quién detuvo la Policía en plena jornada de reflexión? No se detuvo a los "búlgaros" que compraron los teléfonos móviles de los atentados (más que nada porque seguimos sin saber quiénes son). No se detuvo a quienes liberaron esos móviles utilizados en los atentados (recuerde el lector que se liberaron en la tienda de un policía). No se detuvo tampoco al dependiente que había vendido esos teléfonos a los "búlgaros". ¡A quien se detuvo es a los dueños indios del bazar donde un dependiente vendió los teléfonos a los "búlgaros"! ¿Por qué? ¿Alguien puede explicarnos qué delito habían cometido? ¿Alguien tiene alguna razón que justifique esta detención absolutamente arbitraria? Si los "bulgaros" hubieran comprado los teléfonos en El Corte Inglés, ¿tendría lógica que hubieran detenido a Isidoro Álvarez?

Pero lo que causa más vergüenza en este episodio es el hecho de que la Policía
detenga a dos hindúes por su posible implicación en una trama de integristas islámicos. Y no sólo eso, sino que el juez ratifique esa detención y que la opinión pública la acepte sin pestañear. No hace falta leer todos los días los periódicos para estar al tanto de las terribles matanzas entre hindúes y musulmanes que la India ha vivido desde hace décadas. ¿Cómo puede alguien detener a dos indios de religión hindú como cómplices de un atentado islamista? Que la opinión pública y, muy en especial, los medios de comunicación aceptaran semejante desatino como algo natural y no pusieran inmediatamente el grito en el cielo dice muy poco del sentido crítico de la sociedad española.
Por supuesto, los indios fueron puestos en libertad en abril de 2004, pero cuando sus nombres ya habían sido revolcados por el fango y cuando su detención había sido convenientemente aireada y utilizada.
Las detenciones de los marroquíes
¿Y qué pasa con los otros tres detenidos del 13-M, los marroquíes del locutorio de Lavapiés? Pues que la Policía no detuvo a quienes habían adquirido las tarjetas telefónicas usadas en los atentados, porque el 13-M no se sabía quiénes habían comprado las tarjetas. Ni tampoco detuvo a los miembros del comando de Morata que puso las bombas, porque aún no estaban identificados por aquel entonces. A quien detuvo fue a quienes vendieron, supuestamente, esas tarjetas.

La pregunta, de nuevo, es la misma: ¿por qué se detiene a los que se limitan a vender unas tarjetas telefónicas, como parte de su negocio habitual? Sin embargo, en este caso, la detención efectuada por la Policía no es tan arbitraria como parece. Quien eligió a esos marroquíes como cabezas de turco había hecho sus deberes a la perfección: el nombre del dueño del locutorio, Jamal Zougham, aparecía "mencionado" en el sumario contra la célula española de Al Qaeda que colaboró en la organización de los atentados de Nueva York. Y he entrecomillado la palabra "mencionado" porque en realidad Jamal Zougham no ha sido nunca acusado de colaborar con esa célula de Al Qaeda, ni había sido nunca procesado por pertenecer a ninguna organización islamista. Su nombre simplemente aparecía en ese sumario y hace poco hemos visto en TV a Jamal Zougham declarando
como simple testigo en el juicio contra esa célula de Al Qaeda.
Cuando la Policía descubre que la tarjeta de la mochila de Vallecas conduce al locutorio de Zougham y que su nombre aparecía mencionado en aquel sumario (aunque fuera como simple testigo), alguien debió de "deducir" que el tal Zougham y los otros dos marroquíes habían preparado las bombas, con lo cual se procedió a su detención. La cortina de humo tendida por los organizadores del 11-M había funcionado y la Policía y el juez picaron el anzuelo como estaba previsto.
Dos de esos tres marroquíes serían puestos en libertad por el juez pocas semanas después de los atentados, porque vender unas tarjetas telefónicas no constituye, obviamente, un delito. Lo cual quiere decir que la razón por la que se detuvo a Jamal Zougham el día 13-M (la venta de las tarjetas) no es considerada por el juez como indicio de que Jamal Zougham estuviera relacionado con el atentado.
Sin embargo, 17 meses después de la masacre, Jamal Zougham sigue estando en prisión. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver en el siguiente capítulo, a partir de su detención se desató contra Zougham una auténtica "caza del hombre" en la que no han faltado ni las falsas acusaciones, ni los testigos manipulados, ni una ininterrumpida e inmisericorde campaña de descrédito.
En el próximo capítulo: Jamal Zougham, la cabeza de turco
Tiene a su disposición las entregas anteriores de la serie de artículos "Los enigmas del 11-M" a cargo de Luis del Pino
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